Protegiendo San Francisco para Todes: Agenda por los Derechos de las Personas Inmigrantes

Las coaliciones de San Francisco por los derechos de los inmigrantes exigen medidas inmediatas para proteger a nuestras comunidades de las amenazas federales de deportación masiva.

Apoyado por: African Advocacy Network, Arab Resource & Organizing Center Action, Asian Pacific Islander Legal Outreach
Asian Law Caucus, Bay Area Essential Workers Agenda, Calle 24 Latino Cultural District, CARECEN S.F., Center for Gender and Refugee Studies, Chinese for Affirmative Action, Chinese Progressive Association, Coleman Advocates for Children and Youth, Filipino Community Center, Free SF, Galería de la Raza, Immigrant Legal Resource Center, Immigration Center for Women and Children, Jobs with Justice SF, La Raza Community Resource Center, Latino Parity and Equity Coalition, Latino Task Force, Lawyers Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, Legal Services for Children, Mission Action, Mujeres Unidas y Activas, Nuevo Sol Day Labor & Domestic Worker Center, PANGEA, PODER, San Francisco Immigrant Legal and Education Network, San Francisco Public Defender’s Office, Senior and Disability Action, SF Rising, SOMA Pilipinas, South of Market Community Action Network, United Educators of San Francisco, USF Immigration Legal Clinic

1. Preparación y Comunicación Proactiva

• A. Colaborar con la comunidad para desarrollar un plan de emergencia en previsión de la acción federal: Desarrollar un plan de seguridad comunitaria en caso de despliegue de la Guardia Nacional, con la participación directa de organizaciones comunitarias y grupos de derechos de los inmigrantes.
  

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  Ciudades como Los Ángeles y Washington, D.C. ya se han enfrentado a despliegues de la Guardia Nacional relacionados con deportaciones masivas. Sin preparación local y una comunicación transparente, los residentes quedan vulnerables y sin saber a dónde acudir. Trump estuvo a punto de enviar la Guardia Nacional a San Francisco, y aunque recientemente dio marcha atrás, la amenaza sigue siendo inminente. La administración del alcalde Lurie debe colaborar proactivamente con los socios comunitarios (organizaciones comunitarias y legales, grupos religiosos y sindicatos) para crear conjuntamente un plan de emergencia que aclare qué pueden esperar los residentes, dónde acceder a los recursos y cómo la ciudad protegerá la seguridad y los derechos de las personas. La preparación significa que nuestros servicios, recursos y sistemas de comunicación están listos para apoyar a las personas que viven aquí, no que tienen que esforzarse por ponerse al día mientras las familias e individuos vulnerables enfrentan las consecuencias. Tenemos la oportunidad de aprender de lo sucedido en otros lugares y priorizar a nuestros residentes, asegurándonos de que estén informados, preparados y protegidos.
  
  
• B. Detenga la desinformación y el miedo con una verificación rápida: Establezca una comunicación confiable entre el SFPD y la Red de Respuesta Rápida para evitar que la desinformación y el miedo se propaguen en las comunidades locales.
  

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  La Red de Respuesta Rápida de San Francisco es una iniciativa liderada por la comunidad y apoyada por la Ciudad que ofrece una línea directa multilingüe las 24 horas, verifica la actividad reportada por ICE y envía abogados para brindar representación legal inmediata a las personas detenidas. Sin canales de comunicación confiables y oportunos con el SFPD, la Red no puede verificar si la actividad policial reportada corresponde realmente a la aplicación de la ley federal de inmigración o a trabajo policial rutinario. Cuando los miembros de la comunidad ven vehículos sin identificación o agentes con equipo táctico, el miedo se propaga rápidamente en las comunidades inmigrantes. La comunicación directa e inmediata permite al SFPD confirmar o negar rápidamente la participación de ICE, lo que permite a la Red proporcionar información precisa, desplegar recursos eficientemente durante la actividad real de ICE y mantener la calma cuando la aplicación de la ley no está relacionada con la inmigración.
  
  
• C. Prepárense para declarar un estado de emergencia: Estén listos para declarar un estado de emergencia si las redadas federales de inmigración se intensifican.
  

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  Las facultades de emergencia existen para prevenir una catástrofe humanitaria cuando una crisis amenaza la estabilidad de la comunidad. La declaración del condado de Los Ángeles de octubre de 2025 (aprobada por 4-1) reconoce que las redadas federales generan daños en cascada: las familias pierden al sostén de la familia por detención, no se paga el alquiler, se avecinan desalojos y el miedo vacía los lugares de trabajo y las escuelas. La declaración desbloquea herramientas vitales para intervenir antes de que esta espiral destruya a las familias y desestabilice los vecindarios. Permite asistencia inmediata para el alquiler para prevenir la falta de vivienda, servicios legales acelerados y la posibilidad de solicitar apoyo estatal. Utilizamos estas mismas facultades de emergencia durante la COVID-19 porque la magnitud y la velocidad de la crisis exigían una intervención extraordinaria. Nuestro gobierno local debe estar preparado para utilizar todas las herramientas legales disponibles para proteger a los residentes de esta crisis.

2. Santuario En La Práctica, No Solo En El Papel

• A. Lograr que las fuerzas del orden locales cumplan plenamente con la ordenanza de santuario: Nuestra ordenanza de santuario implica que el dinero de nuestros impuestos locales debe utilizarse para promover la seguridad de todos los residentes, no para separar familias mediante deportaciones masivas. Debemos garantizar que todas las agencias locales del orden público cumplan plenamente con las leyes y políticas de santuario vigentes y restringir por completo la colusión con agentes federales de inmigración en todas las actividades y operaciones, incluyendo arrestos de ICE, datos, vigilancia, solicitudes de notificación y detención, y manifestaciones públicas asociadas.
  
  1. Dejar de compartir de inmediato los datos del lector automático de matrículas (ALPR) con las autoridades federales de inmigración o agencias de otros estados, de conformidad con la ley estatal vigente.
     

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     La ley SB 34 de California ya prohíbe a las agencias compartir datos de ALPR con agencias de otros estados; la ley existe, solo necesita aplicarse. El SF Standard informó en septiembre que San Francisco ha permitido que agencias de otros estados realicen más de 1.6 millones de búsquedas ilegales en la base de datos de lectores de matrículas de la ciudad, incluyendo al menos 19 que fueron señaladas como relacionadas con el ICE. Cuando la policía local ignora esta práctica y proporciona información de las matrículas al ICE, las tareas cotidianas se convierten en trampas de vigilancia. Las familias inmigrantes temen que dejar a sus hijos en la escuela o ir a trabajar pueda resultar en detención. Cuando ese miedo se extiende, las personas dejan de denunciar delitos, retrasan la atención médica y se retiran de la vida comunitaria. No pedimos nuevas protecciones, sino que exigimos el cumplimiento de las leyes estatales ya vigentes.
  2. Acabar con la práctica de deportar a personas que puedan ser víctimas de trata y examinarlas para identificar si son sobrevivientes de la trata antes de presentar cargos.
     

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     Muchas personas arrestadas por venta callejera de drogas son víctimas de la trata, obligadas a delinquir por las mismas redes que las explotan. Sin embargo, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) y la Fiscalía de Distrito no investigan a estas personas para determinar si son sobrevivientes de la trata antes de encarcelarlas y acusarlas formalmente. Más de 100 personas han sido canalizadas a través de un proceso federal de deportación, separadas de sus familias y exiliadas permanentemente. La Fiscalía de Distrito presenta cargos al mismo tiempo que alerta a los fiscales federales, quienes luego presentan cargos federales y presionan a las personas para que acepten acuerdos de culpabilidad acelerados que conducen a la detención y deportación migratoria. Esta práctica socava la Ordenanza de Santuario de San Francisco y la Ley de Valores de California (SB 54), que prohíbe que los recursos de la Ciudad ayuden a los agentes federales con la detención y deportación masiva. Cuando las comunidades inmigrantes ven el sistema judicial como una vía hacia la deportación, la confianza se derrumba: las familias dejan de denunciar los delitos y los testigos desaparecen.
     
     
  3. Prohibir que el SPFD colabore con el ICE en la aplicación de las leyes de tránsito y la creación de un perímetro.
     

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     El Jefe Interino del SFPD, Paul Yep, emitió el Aviso Departamental 25-089, Control de Inmigración, el 26 de agosto de 2025, que supuestamente reafirma las prohibiciones de la Orden General Departamental (DGO) 5.15 contra la asistencia con ICE. Sin embargo, este Aviso Departamental socava la DGO 5.20 al permitir que los oficiales asistan a ICE “manteniendo un perímetro” y “dirigiendo el tráfico”. Durante las protestas contra ICE durante el verano, se vio a oficiales del SFPD montando guardia mientras los vehículos de ICE entraban y salían del edificio de ICE en SF en 630 Sansome y también actuando como guardias de seguridad para ICE. Para justificar las acciones del SFPD, Mission Local informó que el Subjefe del SFPD, Derrick Lew, declaró en el ayuntamiento que “No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo nuestro compañero agente u oficial de las fuerzas del orden resulta herido”. El SFPD no debería ayudar a ICE con el control de tránsito ni con el mantenimiento de un perímetro. El SFPD no debería actuar como guardias de seguridad ni escoltas para los agentes o vehículos de ICE.
  4. Exigir que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) colabore con organizaciones comunitarias para implementar las nuevas leyes de California que prohíben el uso de mascarillas por parte de agentes federales y exigen identificación visible.
     

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     Cuando agentes enmascarados en vehículos sin identificación detienen a personas sin identificarse, es imposible distinguir entre agentes del orden legítimos y personas que se hacen pasar por agentes no identificados. California aprobó recientemente dos leyes que abordan este problema: la ley SB 627 del senador Wiener, que prohíbe a los agentes del orden usar mascarillas que oculten su identidad, y la ley SB 805 del senador Pérez, que exige que los agentes vestidos de civil muestren visiblemente una identificación que incluya su agencia y su nombre o número de placa. Ambas leyes se aplican a los agentes federales que operan en California y entran en vigor a principios de 2026. El SFPD debe ahora desarrollar políticas de implementación. En lugar de redactarlas a puerta cerrada, el SFPD debería colaborar con grupos de derechos de inmigrantes, organizaciones de libertades civiles y miembros de la comunidad que han presenciado secuestros no identificados. Su aporte garantizará que las políticas protejan genuinamente a los residentes de San Francisco y evitará interpretaciones que socaven la intención de la ley.
     
     
  5. Prohibir explícitamente a los agentes del SFPD trabajar fuera de servicio con ICE, CBP, contratistas del DHS, o cualquier agencia de control de inmigración.
     

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     Cuando los agentes de policía se presentan como agentes de ICE, socavan la confianza de la comunidad y violan las políticas de santuario de San Francisco. Actualmente, nada impide que un agente del SFPD trabaje para ICE los fines de semana sin declararlo, lo que crea un conflicto directo con la Ordenanza de Santuario de la ciudad y la SB 54 de California. Las comunidades inmigrantes no pueden confiar en policías que podrían estar deportando a sus vecinos en sus días libres. Incluir a ICE, CBP, contratistas del DHS, o cualquier agencia de control de inmigración en la lista de empleadores prohibidos del SFPD, exigir a los agentes que certifiquen que no realizan trabajo de control de inmigración y cerrar esta peligrosa laguna legal antes de que los residentes tengan que preguntarse si el agente que les toma el informe hoy estará involucrado en deportaciones masivas mañana.
  6. Proteja las libertades civiles y la supervisión local negándose a reincorporarse al llamado “Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo” (JTTF) del FBI y manteniendo la retirada de San Francisco de 2017.
     

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     San Francisco se retiró del JTTF en 2017 debido a la preocupación de que la primera administración Trump lo utilizara como arma para vigilar injustamente a miembros de las comunidades árabes, de Oriente Medio, musulmanas y del sur de Asia, así como a otras comunidades marginadas. Estas preocupaciones siguen vigentes hoy en día. El JTTF opera en secreto y tiene un historial documentado de ataques contra comunidades marginadas. Los oficiales designados como agentes del FBI operan bajo estándares federales más flexibles que les permiten detener, interrogar y vigilar a personas con mayor facilidad que la ley de California. El FBI mantiene el control sobre estos oficiales, lo que hace casi imposible para San Francisco supervisar sus actividades. La reincorporación entrega el control a agentes federales que responden a una administración que ataca a las comunidades por su religión y estatus migratorio. Sin rendición de cuentas local, el JTTF destruye la confianza comunitaria de la que depende la seguridad pública. ¡Manténgase fuera del JTTF!
     
     
  7. Garantizar que el Sheriff de San Francisco respete plenamente el debido proceso y no entregue a ninguno de nuestros vecinos al ICE.
     

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     Si bien nuestra Ordenanza de Santuario limita la asistencia con el ICE, incluye una serie de excepciones complejas que permiten, pero no exigen, que el Sheriff notifique al ICE las fechas y horas de liberación de las personas que cumplen los requisitos. Para prevenir abusos graves, es imperativo que el Departamento del Sheriff no utilice fondos de los impuestos locales para notificar al ICE. Esto invita al ICE a presentarse en nuestras cárceles e intimidar y arrestar a familiares que visitan a sus seres queridos en prisión. Además, somete a las personas que cumplen los requisitos para ser liberadas a un doble castigo, canalizándolas a centros de detención migratoria y a una posible deportación a terceros países, como la infame prisión CECOT en El Salvador. En contraste, las Oficinas del Sheriff en otros condados del Área de la Bahía, como San Mateo, Santa Clara y Alameda, tienen leyes de Santuario más estrictas y claras que impiden la colusión de las fuerzas del orden locales con el ICE.
• B. Designar propiedades municipales como zonas libres de ICE: Establecer zonas libres de ICE en todas las propiedades municipales prohibiendo a los agentes federales de inmigración utilizar los terrenos, garajes e instalaciones municipales como puntos de partida para deportaciones masivas.
  

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  Ciudades de todo el país se niegan a permitir que su infraestructura, financiada con fondos públicos, se utilice en contra de sus residentes. La orden ejecutiva “Zona Libre de ICE” del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, impide que ICE utilice estacionamientos públicos y terrenos baldíos como puntos de partida para detenciones y deportaciones masivas. Exige la creación de un inventario de propiedades de posible interés, la colocación de señalización clara y la instrucción a los empleados de denunciar infracciones de inmediato. La ciudad de San José y el condado de Santa Clara están siguiendo el ejemplo, reconociendo que los funcionarios locales no pueden esperar a que los agentes federales lleguen a sus vecindarios para decidir finalmente que deberían haber protegido los espacios comunitarios. Nuestra propiedad pública, financiada con impuestos, pertenece a quienes la habitan, no a los agentes que la aterrorizan.
• C. Auditoría y recomendaciones a los departamentos de la ciudad: Exigir a la Contraloría y a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos Inmigrantes (OCEIA) que auditen a todos los departamentos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las políticas de santuario, lo que incluye revisar los procedimientos y las directivas del personal, examinar las resoluciones de quejas y formular recomendaciones de mejora.
  

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  La solidez de las políticas de santuario depende de su aplicación. Sin auditorías independientes, no tenemos forma de saber si los departamentos cumplen con las políticas de santuario, si incumplen las normas sin saberlo debido a procedimientos obsoletos o si buscan soluciones alternativas deliberadamente. La mayoría de los empleados de la ciudad están profundamente comprometidos con la atención a los residentes inmigrantes, pero las directivas poco claras pueden generar infracciones involuntarias. Una auditoría independiente proporciona a los departamentos la claridad y las herramientas necesarias para cumplir la promesa de santuario de la ciudad.
  
  

3. Ampliar La Defensa Legal Y Los Servicios Municipales

• A. Financiar la Defensa Legal de Inmigrantes: Aprobar rápidamente fondos suplementarios para las organizaciones de defensa legal de inmigrantes para hacer frente a la creciente presión de casos en estos tiempos sin precedentes. Además, aumentar el presupuesto base anual para servicios legales de inmigrantes para satisfacer la demanda y preparar a las organizaciones para responder rápidamente a las condiciones cambiantes.
  

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  Los $878,000 en fondos de emergencia que apoyaban los programas de Abogado del Día, la Red de Respuesta Rápida de San Francisco y las clínicas legales expiraron a mediados de año, creando un vacío justo cuando la demanda se ha intensificado. Los arrestos de ICE en registros y audiencias judiciales en el Distrito Financiero ocurren a diario: personas que se presentan a citas de rutina son detenidas sin la presencia de un abogado. Los abogados de primera línea y los equipos de Respuesta Rápida son la primera línea de defensa en estos momentos, brindando asesoría legal inmediata y conectando a las familias y los individuos con representación a largo plazo. Estas organizaciones, y la Unidad de Inmigración del Defensor Público de San Francisco, han demostrado que pueden responder eficazmente cuando cuentan con los recursos necesarios; la pregunta es si les damos la capacidad para afrontar este momento y responder a los patrones cambiantes de aplicación de la ley sin tener que buscar fondos de emergencia cada vez. Financiamiento completo significa que ningún residente de San Francisco enfrenta procedimientos en cortes de inmigración sin un abogado, garantizando el debido proceso básico.
• B. Inviertan ahora en los servicios que las familias y los individuos más necesitarán: Aumenten la financiación y los servicios para las familias afectadas por detenciones masivas y deportaciones invirtiendo significativamente más en los servicios de la ciudad, incluida la asistencia para el alquiler, los programas de seguridad alimentaria y el acceso al idioma.
• C. Desplegar Apoyo de Emergencia para Familias e Individuos Sin Hogar: Ampliar el acceso a refugios de emergencia las 24 horas, proporcionar transporte escolar seguro y terminar con las políticas de remolque de vehículos recreativos que dejan a las familias inmigrantes sin hogar vulnerables a las detenciones de ICE
  

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  Las familias e individuos sin hogar que dependen de nuestros refugios quedan expuestos y vulnerables a ICE cuando las instalaciones cierran durante el día, obligándolos a salir a las calles donde se convierten en objetivos de detenciones masivas y deportación. Ya hemos hecho esto antes: durante COVID, la Ciudad activó protocolos de emergencia para proporcionar acceso a refugios las 24 horas, y grupos religiosos han intervenido durante los meses de invierno para ofrecer espacios seguros adicionales. Estas no son ideas nuevas; son soluciones comprobadas que salvaron vidas. Necesitamos esa misma urgencia ahora. Las familias inmigrantes sin hogar están demasiado aterrorizadas para llevar a sus hijos a la escuela, temiendo la deportación a cada paso. Proporcionar transporte en autobús escolar directamente desde los refugios garantizaría que los estudiantes que asisten a escuelas en todo el distrito puedan acceder a la educación de manera segura. Y la política de remolque de vehículos recreativos de la Ciudad debe terminar inmediatamente: destruye el único refugio que muchas familias inmigrantes tienen, dejándolas completamente expuestas. No estamos pidiendo lo imposible. Estamos exigiendo que la Ciudad use las herramientas que ya ha desplegado para proteger a nuestros vecinos más vulnerables.

4. Apoyar a Los Trabajadores Inmigrantes, Pequeñas Empresas y Vendedores Ambulantes

• A. Lanzar Programas de Apoyo de Emergencia para la Disrupción Laboral: Crear programas de ayuda inmediata para estabilizar a trabajadores, incluidos los jornaleros y las trabajadoras domésticas, pequeñas empresas y vendedores ambulantes que enfrentan los impactos anticipados de las operaciones de deportación masiva.
  

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  Las detenciones y deportaciones masivas ya están interrumpiendo la fuerza laboral de San Francisco y la economía local. Las familias se están preparando para posibles separaciones, los trabajadores están asistiendo a consultas legales, y los empleadores se preocupan por la escasez repentina de personal. Los vendedores ambulantes—muchos de los cuales dependen de las ventas diarias para mantener a sus familias—están perdiendo ingresos ya que el miedo mantiene a los clientes y vendedores fuera de las calles. Cuando la aplicación de la ley se intensifique, los efectos se extenderán por los lugares de trabajo y corredores comerciales: pérdida de ingresos para las familias, agotamiento para el personal restante, operaciones de vendedores cerradas y menos clientes en los vecindarios impactados. Se necesita acción inmediata: establecer programas de subvenciones para ayudar a las pequeñas empresas y vendedores a cubrir pérdidas temporales, lanzar campañas de “Compre Local, Apoye a la Comunidad” promoviendo negocios en vecindarios afectados, y proporcionar licencia de emergencia para trabajadores que asisten a procedimientos legales, cuidan a seres queridos o se refugian en casa, y establecer una moratoria temporal en la aplicación de sanciones contra los vendedores ambulantes para evitar daños económicos adicionales durante este período de incertidumbre.
  
  
• B. Proteger a los trabajadores de las represalias migratorias en el lugar de trabajo: Aprobar ordenanzas locales que fortalezcan las protecciones laborales.
  

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  Empleadores sin escrúpulos están utilizando la amenaza de deportaciones masivas como arma para silenciar a los trabajadores que denuncian el robo de salarios, las condiciones inseguras y el acoso. La Oficina de Cumplimiento de Normas Laborales de San Francisco brindó asistencia a más de 17,000 trabajadores el año pasado y cuenta con algunas de las protecciones laborales más sólidas del país. Sin embargo, las leyes actuales no abordan explícitamente las amenazas relacionadas con la inmigración. Necesitamos nuevas ordenanzas que prohíban las represalias contra los trabajadores que ejercen sus derechos independientemente de su estatus migratorio, establezcan sanciones para los empleadores que se aprovechen del temor a la deportación y refuercen la aplicación de la ley mediante investigaciones proactivas. Los trabajadores que contribuyen a nuestra economía merecen protección, y las empresas que cumplen la ley merecen igualdad de condiciones.
• C. Educar a los empleadores sobre sus derechos y responsabilidades: En colaboración con la OEWD, la OLSE, la OCEIA y la Oficina de Pequeñas Empresas, lanzar una campaña de educación para empleadores en toda la ciudad para garantizar que todos los empleadores de San Francisco comprendan sus derechos y responsabilidades en materia de inmigración y las maneras en que pueden apoyar a sus empleados y a la comunidad local.
  

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  Muchos empleadores desean hacer lo correcto por sus trabajadores, pero no saben cómo: cooperan con ICE más allá de lo legalmente requerido porque desconocen que pueden negarse o no saben cómo proteger sus lugares de trabajo cuando las autoridades se presenten. Sin embargo, la confusión también crea oportunidades para que empleadores sin escrúpulos exploten a los trabajadores inmigrantes, utilizando el miedo a la deportación para amenazarlos o violar las protecciones laborales. Exhortamos a la Ciudad a colaborar con organizaciones legales y de trabajadores para ofrecer seminarios web, capacitación y guías dirigidas a empleadores que conecten a las empresas con los recursos de la Ciudad y la comunidad. Esto aclara lo que los empleadores deben hacer bajo la ley para proteger los derechos de los trabajadores y cómo apoyar a su fuerza laboral durante las acciones de cumplimiento, para que los trabajadores inmigrantes puedan presentarse sin temor y los empleadores responsables puedan operar con confianza.
  
  

5. Educación Pública

• A. Lanzamiento de la campaña multilingüe “Conoce tus derechos”: En colaboración con socios comunitarios, lance una campaña multilingüe “Conoce tus derechos” y un conjunto de herramientas digitales. Aproveche los medios de comunicación locales, los foros comunitarios financiados por la ciudad y los canales de comunicación de la ciudad (por ejemplo, paradas de autobús, edificios gubernamentales, clínicas de salud pública, parques, vallas publicitarias, radio, etc.).
  

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  Los residentes necesitan ver a su ciudad apoyando activamente a las comunidades vulnerables, difundiendo la educación sobre sus derechos a través de todos los canales disponibles. Una campaña multilingüe que llegue a las personas donde se encuentren (en paradas de autobús, clínicas y espacios comunitarios) proporciona a los individuos herramientas prácticas para hacer valer sus derechos y reduce el miedo que conlleva la incertidumbre. Las protecciones legales son de poca utilidad si son inaccesibles para quienes no hablan inglés o no tienen acceso a internet. Con esta campaña, la ciudad puede superar las barreras lingüísticas y de acceso para que todos los residentes puedan hacer valer sus derechos cuando más importan.